ICE no utilizó una orden firmada por un juez para realizar detención de reportera en Nashville. ¿Pero porqué?

NASHVILLE, Tennessee (Telemundo Nashville) -El arresto de una periodista en Nashville por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado un fuerte debate político y legal sobre el tipo de órdenes que utiliza la agencia para detener a personas durante operativos migratorios.

La reportera Estefany Rodríguez Flórez, del medio en español Nashville Noticias, fue detenida el 4 de marzo de 2026 por agentes federales mientras se encontraba con su esposo afuera de un gimnasio.

Su arresto llamó la atención porque el documento utilizado por los agentes no estaba firmado por un juez, lo que llevó a legisladores y defensores de derechos civiles a cuestionar si la detención fue legal.

La razón principal es que no se trataba de una orden judicial, sino de una orden administrativa de inmigración. Este tipo de documento puede ser emitido por funcionarios de inmigración y no requiere la firma de un juez.

Las autoridades federales sostienen que estas órdenes son comunes en la aplicación de las leyes migratorias y que permiten detener a personas que presuntamente violan normas de inmigración. Según ICE, en el caso de Rodríguez Flórez existía “causa probable” para emitir la orden administrativa y proceder con su arresto.

¿Por qué? Porque a principios de este año, la administración del presidente Donald Trump dijo que ICE puede realizar arrestos migratorios utilizando algo llamado orden administrativa.

Obtener la aprobación de un juez puede tomar tiempo y, ante la mayor presión de la administración Trump para que ICE realice más arrestos y deportaciones, la agencia busca actuar con mayor rapidez.

Por eso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a permitir que los agentes de ICE se apoyen en estas órdenes para poner bajo custodia a personas como Rodríguez Flórez.

Órdenes administrativas vs. órdenes judiciales

Las órdenes administrativas en realidad tienen menos peso legal que una orden judicial, porque no le dan permiso a ICE para entrar y registrar la vivienda de una persona.

A menudo aparecen como formularios I-200 o I-205. Copias de la orden contra Rodríguez Flórez compartidas en X (anteriormente conocido como Twitter) por el Departamento de Seguridad Nacional y por el congresista Joaquín Castro, demócrata de Texas, parecen indicar que en su caso se trata del primero.

Estas órdenes terminan otorgando a la agencia mucho más poder para realizar arrestos migratorios. Esto se debe a que el argumento sobre si existe causa probable no se presenta ante un juez neutral, sino que lo decide alguien que pertenece a la misma agencia que el oficial de inmigración que realiza el arresto.

Sin embargo, abogados y críticos argumentan que este tipo de órdenes no ofrece las mismas garantías legales que una orden firmada por un juez, especialmente en situaciones que podrían involucrar derechos constitucionales.

El caso provocó críticas de algunos legisladores demócratas, entre ellos el congresista Joaquín Castro, quien afirmó que el documento mostrado por el gobierno no era una orden judicial válida y cuestionó su legalidad.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió públicamente defendiendo el procedimiento y acusando a los críticos de malinterpretar cómo funcionan las órdenes administrativas en procesos migratorios.

ICE asegura que la periodista, ciudadana colombiana, entró a Estados Unidos con una visa de turista en 2021 y permaneció en el país después de que esta expirara, lo que motivó la acción de la agencia.

Por su parte, sus abogados sostienen que Rodríguez Flórez tenía una solicitud de asilo y un proceso para obtener residencia permanente a través de su esposo, ciudadano estadounidense, además de un permiso de trabajo válido.

La detención también ha generado preocupación entre organizaciones de periodistas y defensores de inmigrantes, ya que Rodríguez Flórez había reportado previamente sobre operativos de ICE en Nashville.

Un juez federal ordenó revisar la legalidad de su detención, mientras el caso continúa desarrollándose dentro del sistema migratorio estadounidense.

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